Ni vacancia presidencial confabulada desde el Congreso, ni acusar desde el gobierno a ese Congreso de un supuesto chantaje. Broncas infantiles entre poderes del Estado en medio de la peor tragedia sanitaria y económica del último siglo, es una señal pésima de falta de gobernabilidad del país. ¡Paremos esta guerra interna cuanto antes!
El presidente Vizcarra ha lanzado la iniciativa de establecer un diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil en torno a un “Pacto Perú”. Podría ser que detrás de esta iniciativa haya como segunda intención entretener y distraer a la platea un buen rato, para tratar de que pase piola la tormenta de la segunda ola de contagio del Covid-19 y los récords de mortandad que se vienen alcanzando ante un sistema de salud colapsado. Aun si fuera así, hay que chapar ese guante y colocar el diálogo y la búsqueda de consensos en la columna vertebral de una gobernabilidad que necesita oxígeno y cuidados intensivos.
Ese oxígeno lo puede dar la participación de la sociedad civil, para elevar el nivel de tratamiento de los temas de fondo, en ese diálogo conducente al “Pacto Perú”. Y está bien que el marco institucional para ello sea el Acuerdo Nacional, porque así se asegura la participación amplia de las principales organizaciones de la sociedad civil. Muy importante será que, además, se convoque a un Consejo Consultivo de Expertos para que, a partir de ese pacto, pueda formular una “Hoja de Ruta 2020-2025”.
Ese Consejo Consultivo debe estar conformado por los mejores estrategas que tiene el país en temas de política sanitaria, política económica, política alimentaria y nutricional, política de reforma del Estado y gobierno digital, política de desarrollo social y política de desarrollo productivo, formalización, promoción del empleo e innovación.
Su función sería elaborar la “Hoja de Ruta 2020-2025” y un “Plan de Acción Inmediata Anti Pandemia”, orientado a la solución de la problemática de emergencia sanitaria y económica que vive el Perú, con una estrategia renovada que aprenda de los errores cometidos hasta aquí y asegure resultados que contribuyan a la sostenibilidad a mediano y largo plazo, para revertir la baja resiliencia económica, social e institucional que Perú ha puesto en evidencia durante esta pandemia. Tanto la “Hoja de Ruta” como el “Plan de Acción Inmediata” finalmente serían discutidos y aprobados por el Acuerdo Nacional.
A estas alturas de la evolución de la pandemia, la política sanitaria debe romper con la dicotomía entre una estrategia de confinamiento absoluto y otra de libertinaje absoluto. Eso sólo será posible montando un sistema de monitoreo riguroso de la fenomenología del contagio, sustentado en la información fidedigna que puede proveer el uso masivo de pruebas moleculares y oxímetros para el seguimiento del nivel de oxígeno en la sangre. También se requiere un sistema de atención preventiva que sea sólido y de cobertura universal, y un sistema de asistencia social y comunicación efectiva bidireccional con la población.
Respecto a la política económica, ya he dicho hasta la saciedad en artículos anteriores, acerca de la necesidad de que la reactivación económica sea sostenible, para lo cual es fundamental reemplazar el actual enfoque de ayuda económica elitista por un enfoque que parta de la base de la pirámide económica y social, a fin de movilizar el empleo y los ingresos de las personas de los segmentos C, D y E, que son las que mueven el 58% del consumo privado del país.
Este enfoque debe sustentarse en lo que he denominado como ‘estrategia de reconversión inclusiva’, centrada en aplicar un shock tecnológico, de financiamiento a mediano plazo, de asistencia técnica y de asociatividad; todo en paquete e inyectable a la vena de los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para inducir un salto en su productividad y en su formalización.
Si bien la normalización obligada de las actividades económicas viene generando una reactivación progresiva, ésta no tiene la fuerza como para retomar el nivel de producción previo a la pandemia. Así como hay una meseta en el contagio de la enfermedad, en el plano económico es probable que estemos llegando a una meseta de la cual será difícil escaparse, si no se realizan cambios estructurales.
Hay un doble freno que aleja la posibilidad de alcanzar la nueva normalidad ansiada. Un freno por el lado de la oferta, derivado de la pérdida de activos y capital humano derivado del cierre masivo de Mipymes, y una frenó de demanda, como resultado de la pérdida de más de 3 millones de empleos, la reducción de los ingresos de los segmentos C, D y E y la disminución de la propensión al consumo de los segmentos A y B, especialmente de bienes durables.
La claridad del enfoque estratégico será fundamental porque permitirá focalizar, establecer criterios de priorización y el establecimiento de un hilo conductor que dé consistencia a todas las medidas, aproveche todas las sinergias posibles y garantice la sostenibilidad de la ‘situación deseada’.
En los próximos años el país no está libre de tener que afrontar nuevas pandemias u otras posibles catástrofes. De nada sirve atacar los problemas sanitarios y económicos urgentes generados por el Covid-19, si además no se ataca las causas de la singular falta de resiliencia económica, social e institucional.
Dada la estrechez del plazo disponible (menos de 1 año), la Hoja de Ruta debe servir como guía de la senda transformadora que el actual gobierno debe gatillar y que tendrá que continuar el siguiente gobierno, para que los avances en el fortalecimiento de la resiliencia del país adquieran carácter irreversible.
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