La ministra de economía y finanzas, María Antonieta Alva, ha dicho que la crisis económica que vive el Perú es culpa de la pandemia y no de un mal manejo de la política económica y sanitaria del gobierno. Si fuera así, ¿por qué Perú está a la cabeza de todos los países del mundo en recesión, caída del empleo y cierre de empresas?
Lamenta ella que la pandemia haya profundizado las diferencias sociales existentes en el país. Pero quienes más lo lamentan son la gran mayoría de peruanos que han visto cómo la ayuda económica gubernamental ha agudizado esas diferencias, en lugar de acortarlas, al dejar a su suerte a las empresas del sector informal y a la mayoría de las Mypes formales.
Si bien reconoció que ha “cometido errores” en su gestión, no ponderó la gravedad de esos errores y su severo impacto estructural en el empleo, los ingresos y el consumo de la población. Dijo que ha enmendado esos errores y que está convencida de que el plan económico que ha preparado su sector “será el primer impulso para revertir el daño causado por el Covid-19”.
Lo cierto es que hasta ahora no hay un verdadero plan de recuperación económica. Tan es así que Vizcarra ha tenido que convocar a las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil para firmar un pacto, para recién generar un consenso que permita por fin vislumbrar un plan u Hoja de Ruta.
Lo que ha habido hasta ahora son medidas reactivas ejecutadas con retardo y sin una focalización adecuada, por lo que no han favorecido a la mayoría de las familias y empresas más vulnerables. Ciertamente, al inicio del súbito confinamiento absoluto y el cierre de operaciones de las empresas, era inevitable tener que adoptar este tipo de medidas reactivas, como la entrega de bonos en dinero, alimentos y préstamos de disponibilidad inmediata para evitar el desempleo y que se rompa la cadena de pagos.
Sin embargo, no puede ser que después de casi 6 meses de iniciada la pandemia y, ya sin confinamiento absoluto, se persista en ese tipo de medidas sin mayor impacto en la recuperación sostenible de la demanda, el empleo y los ingresos.
El único instrumento del gobierno que apunta a reactivar la economía es el denominado “Plan Arranca Perú”, que pretende generar más de 1 millón de empleos transitorios en el segundo semestre, ampliando el presupuesto para el mantenimiento de caminos vecinales (S/ 4,000 millones), construir 20 mil viviendas más sobre las 60 mil ya previstas (S/ 535 millones), construir canales y realizar el mantenimiento de drenes (S/ 373 millones), y ampliar el programa “Trabaja Perú” dedicado a generar empleo temporal invirtiendo en pequeños proyectos (S/ 700 millones). Se prevé seguir gastando S/ 3,268 millones en este plan en 2021.
Una primera limitante de este plan es el carácter temporal de los empleos que generaría, lo que no contribuye a la sostenibilidad de la recuperación económica. Reactivar es fácil si hay plata y se gasta como sea; el tema está en cómo hacer para que ese gasto aumente la productividad y reduzca la vulnerabilidad de las familias y las Mypes; cómo hacer para que restituya el stock de capital que han perdido y para que recuperen los puestos de trabajo permanentes que perdieron.
Encima de todo, del anuncio al hecho también hay un trecho, pues la evidencia indica que el Estado ha perdido ostensiblemente capacidad de gasto durante el actual gobierno, tanto los sectores como los gobiernos regionales y locales. Además, está a la vista la lentitud que viene mostrando el MEF en girar los recursos oportunamente. Así, entre enero y agosto la inversión pública ha caído más de 38%, invirtiéndose apenas S/10.169 millones frente a los S/16.459 millones invertidos en el mismo lapso de 2019. Incluso los mega proyectos de inversión pública siguen paralizados.
El gobierno es víctima de su propia trampa, como lo denota la siguiente frase del premier Walter Martos: “El sector privado va a gastar menos. Entonces, a quien le toca gastar más es al sector público, es la única forma de reactivar rápidamente la economía nacional.” Y gastar más significa ausencia de austeridad y ausencia de enfoque integral sostenible.
Por ejemplo, a la agricultura familiar, más que inversión en canales y drenes, le urge una transferencia de capacidades (asistencia técnica, semillas, planificación de cultivos, capacidad de acopio, sistema de distribución, etc.) e información oportuna para poder sembrar y cosechar sin perder plata. Lo que le viene sucediendo con los paperos es sintomático; se están empobreciendo ante precios irrisorios derivados de una sobre producción no detectada a tiempo por el gobierno.
El sector privado va a gastar menos porque no ve rumbo claro. Primero, porque el Estado, en lugar de desmantelar las trabas burocráticas durante el proceso de reanudación de operaciones de las empresas, viene endureciéndolas y multiplicándolas. Organismos como Sunafil, Senasa, Digemit junto a las municipalidades se han convertido en el Covid más amenazante para las empresas. Incluso la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, es ahora una rémora para remover barreras burocráticas. ¡Como el cangrejo nomás andamos!
Segundo, porque el proyecto de “Presupuesto Público 2021” y el “Marco Económico Multianual 2021-2024” (MMM) recientemente evacuados por el MEF lanzan a la estratósfera el gasto planeado para 2021 y los años siguientes, con un déficit fiscal de 10.7% del PBI al cierre de 2020, el cual proyectado optimistamente volvería a niveles de déficits inferiores al 1% del PBI recién en 2026, bajo el supuesto heroico de que la economía crezca a un ritmo anual de 4.7% anual, como si viviéramos con Alicia en el País de las Maravillas.
Si no se pone coto a este presupuesto inflado, las consecuencias a mediano plazo serán nefastas. Desde ya se puede avizorar una expansión en ascensor de la deuda pública respecto al PBI, que desde el 26,8% del PBI en 2019 subiría optimistamente a 35.4% en 2020 y 39.1% en 2023, según el MMM, lo que implicaría que recién en 15 años Perú podría retomar niveles de deuda pública por debajo del 30% del PBI; parámetro muy crítico para no perder el grado de inversión que hasta aquí le había permitido al tesoro público endeudarse a tasas relativamente bajas.
Sin embargo, esa trepada podría ser mucho más empinada si la economía creciera a un ritmo menor al 4,7% por año proyectado por el MMM y si, además, se concretaran contingencias negativas altamente probables: como el no pago parcial de los préstamos Reactiva 1 y 2, la probable devolución de los aportes de los pensionistas a la ONP y la probable depreciación del sol frente al dólar. Incorporando estas contingencias, el ratio de deuda pública sobre el PBI podría dar un salto sobre el 50% del PBI en 2024, lo que generaría presiones recesivas incontenibles.
Y para colmo de maravillas, en 2021 los ingresos tributarios volverían a su nivel previo a la pandemia, por arte de magia y una “mayor fiscalización”; ingresos fantasiosos que no se condicen con las perspectivas negativas del entorno mundial y el entrampamiento económico al que nos hemos metido durante la pandemia. Estimo que al cierre de 2020 los ingresos tributarios caerán por lo menos en S/ 20 mil millones; alrededor de 20% por debajo del nivel pre pandemia.
Lamentablemente ya no se sabe quién se lleva las palmas en cuanto a populismo: ¿El MEF o el Congreso? Ambos vienen actuando de espaldas a una responsabilidad fiscal. Creen que el tesoro público es un barril sin fondo, que puede repartir plata a diestra y siniestra, sin importar su impacto a mediano plazo para los peruanos en su conjunto. Es una pelea entre gitanos.
El presupuesto para 2021 supera los S/ 183,000 millones, de los cuales S/ 48,000 millones pretende financiarlos con endeudamiento; casi el doble que el nivel (S/ 21,239 millones) contemplado en el presupuesto institucional de apertura (PIA) de 2020. Esto significa un aumento de la deuda pública respecto al PBI en más de 11 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, lo que pone al país en una situación de vulnerabilidad económica.
El argumento de la ministra para incurrir en tremendo shock de endeudamiento es que habrá menores ingresos debido a la crisis pandémica (S/ 18,000 millones de menores ingresos por recursos ordinarios). Sin embargo, este argumento, antes bien, debiera ser motivo para evitar ampliar el presupuesto y no para endeudar más al país.
Vivimos la peor crisis económica de la historia y no es posible que los 32 millones de peruanos sigan cargando sobre sus hombros el costo de una burocracia frondosa e ineficiente. Es tiempo de fusionar organismos públicos, reducir el número de embajadas e instituir la carrera pública obligatoria en todo el Estado. En paralelo, hay que reducir drásticamente las exoneraciones tributarias.
Ya es tiempo de que el Estado se ajuste el cinturón y reduzca drásticamente la corrupción. En las últimas dos décadas la burocracia estatal ha crecido el doble que la recaudación tributaria. El Ejecutivo y el Congreso deberían dar el ejemplo bajándose las remuneraciones y reduciendo el número de asesores y enviando a sus casas al personal excedente, ganando el 60% de su remuneración sin trabajar, durante un par de años durante los cuales se les puede capacitar para ingresar a la economía digital y circular.
No puede ser que en esta crisis el mayor sacrificio lo estén haciendo principalmente los más pobres. Incluso la mayoría de micro y pequeñas empresas que han logrado sobrevivir, lo vienen haciendo a punta de una austeridad radical, con reducciones drásticas de remuneraciones y de horarios de trabajo. ¿Por qué el Estado no lo hace? Es él el que debiera haber dado el ejemplo. ¿O acaso tiene corona?
