Superada la amenaza de la vacancia, Vizcarra tiene la oportunidad de reivindicar su magullada imagen, convocando a las organizaciones políticas y de la sociedad civil para firmar de una vez el “Pacto Perú” que anunció en su mensaje de fiestas patrias, para que así el país pueda por fin tener una “Hoja de Ruta 2020-2026” de recuperación sostenible.
Las medidas económicas anunciadas en dicho mensaje y en el discurso del nuevo premier ante el Congreso, necesitan ser revisadas dentro del marco de un esfuerzo de planificación riguroso que permita identificar las intervenciones que rindan el mejor costo beneficio para la sociedad en su conjunto. Se trata de un proceso de priorización de medidas que tenga en cuenta sus impactos a corto plazo y largo plazo, buscando la mayor sinergia entre ellas, para que contribuyan a construir resiliencia.
Es la hora de la planificación, porque hoy más que nunca los recursos son escasos. En plena emergencia no podemos darnos el lujo de desperdiciarlos en medidas de impacto efímero, circunscrito al corto plazo. Es preciso inventariar las vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales que se han desnudado con la pandemia. Inventariar también el abanico de medidas posibles, para seleccionar sólo las que tengan mayores sinergias entre ellas.
Propongo un planteamiento estratégico con una “Visión al 2026” que apunte a una recuperación económica robusta, proyectada hacia una “nueva normalidad” resiliente, con una población que haya superado las tremendas vulnerabilidades sociales que la pandemia ha desnudado, y con pequeños negocios repotenciados, con jóvenes emprendedores insertos en una economía circular y digital.
Para alcanzar esa visión se debe poner en marcha una estrategia global consistente, que tenga como eje la generación de un desarrollo sostenible desde la base de la pirámide económica y social. Para ello es fundamental dar prioridad a la transferencia de capacidades a los pequeños negocios, que son los más vulnerables, y que fueron desprotegidos hasta aquí durante la pandemia.
Esta estrategia global descansa en 5 pilares estratégicos, sinérgicos entre ellos. El primer pilar es una política de salud fundamentada en el mejor conocimiento científico y la gestión de datos, que construya un sistema de gestión unificado de la salud pública y privada, que vertebre los siguientes subsistemas: de monitoreo, de planificación por procesos clave, logístico, gestión de riesgos, recursos humanos, asistencia social y comunicación bidireccional con la población vulnerable. La salud primaria debe ser robusta para poder mejorar la efectividad de la contención del contagio y evitar malgastar los recursos hospitalarios.
El segundo pilar es la formalización de los pequeños negocios, aprovechando la crisis como oportunidad para que, a condición de que se formalice el pequeño empresario, pueda acceder a un paquete tecnológico que lo articule a una red empresarial o cadena de valor, a financiamiento de inversión y capital de trabajo en línea y a buena asistencia técnica y de gestión.
El problema de masivo desempleo de juventudes ocasionado por la pandemia no puede ser solucionado con programas de empleo transitorio, porque son efímeros y no le permiten al joven acumular capital humano. Son más de 300 mil jóvenes que tanto en 2020 como en 2021 saldrán a buscar empleo sin encontrarlo. Ellos deberían insertarse a una robusta economía circular y digital impulsada por el Estado, en lugar de perder tiempo en empleos temporales que no dejan aprendizaje. De no ser así su frustración podría ser un caldo de cultivo para una mayor delincuencia, pandillaje, sicariato, violencia familiar, feminicidio, drogadicción y otros males sociales.
El tercer pilar es el equilibrio fiscal y la transformación del Estado. El gobierno ha venido haciendo un enorme gasto sanitario y de estímulo económico, que lamentablemente no logró sus objetivos de contención del número de muertes, desempleos, cierre y descapitalización de empresas. Se ha venido financiando con el ahorro público acumulado en décadas, endeudamiento externo y recursos del Banco Central de Reserva. Estas ventanas de financiación tienen un límite que ya ha sido traspasado, amenazando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En los próximos años sólo se podrá ampliar el presupuesto para los sectores salud, educación y seguridad generando un mayor ahorro público, dado que la mayoría de las empresas privadas han quedado postradas por la pandemia. Ello supone tener que llevar a cabo una gran transformación del Estado que lo haga eficiente y lo ponga al servicio del ciudadano.
El cuarto pilar es el destrabe de inversiones y su impulso planificado. Lo que supone la eliminación de barreras burocráticas a la inversión privada, la creación de valor compartido como sustento de la inversión en infraestructura y la explotación sostenible de recursos naturales. Una priorización de la inversión en infraestructura, no como resultante de meras “brechas de infraestructura”, sino como consecuencia de una planificación del desarrollo con enfoque territorial.
El quinto pilar es la seguridad integral, concebida en un sentido amplio, donde la seguridad nacional primordialmente está en función a una población urbana no vulnerable, que vive en ciudades sostenibles, en viviendas no vulnerables, sin hacinamiento y con servicios básicos; y a una población rural articulada en corredores económicos, que combinan actividades de turismo, agricultura familiar, forestería, artesanía y minería sostenible. La agricultura familiar debe ser potenciada con planes de cultivos y de sustitución creativa de importaciones de insumos alimenticios, bajo un enfoque de seguridad alimentaria y salud preventiva.
Seguridad integral también significa desplegar una nueva estrategia de seguridad ciudadana de carácter eminentemente preventivo. Con un sistema integral de monitoreo del delito y, sobre todo, con una red de Centros de Formación Deportiva y Ciudadanía, desplegada en todos los rincones del país, como freno al pandillaje que incuba a la futura delincuencia.
Fuente: Alerta Económica
