Está en juego nuestra viabilidad. Veamos. Antes de la pandemia ya existía desprecio de los gobernantes al marco jurídico e institucional, pues su deseo de popularidad primaba. Desde que se declaró el estado de emergencia, somos testigos de la modificación estatal de contratos en educación privada, transporte, infraestructura y electricidad; un ataque al sistema privado de pensiones y la necesidad de contar con una aprobación burocrática para realizar hasta la más mínima actividad de negocios. Para el futuro cercano, el Congreso evalúa regresar a la hiperinflacionaria constitución de 1979, controlar precios, destituir directores del BCR, castigar el llamado acaparamiento, congelar créditos y confiscar la salud privada. Este populismo viene apañado por prensa que – en una búsqueda de 10 minutos en un periódico- generaliza a los empresarios como “maliciosos” y “corruptos” y propone “nuevos pactos fiscales”, “respuestas solidarias” y “políticas industriales” en las que el gobierno decida qué y cuanto se debe producir.
La mayoría olvida que con los tributos recaudados, el Estado peruano es responsable de brindar bienestar social (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, etc), sin embargo las quejas sobre estos asuntos apuntan al sector privado.
Sabemos que los empresarios privados, de todo tamaño y en todo sector, somos los únicos que originamos bienestar material en bienes, servicios, empleos, es decir, originamos riqueza. El Estado en cualquiera de sus modalidades no origina riqueza, sino que la distribuye, bien o mal. Como ejemplo, la máquina de vapor fue inventada en el Siglo I por el ingeniero griego Herón de Alejandría y más de 1500 años después fue necesaria la intervención de empresarios como James Watt, no de gobernantes, para impulsar la revolución industrial. Menciono esto pues ser empresario debe ser motivo de orgullo, somos los que transformamos la materia y el ingenio humano en valores para satisfacer a la sociedad. Podríamos profundizar en la defensa ética del emprendimiento y la economía de mercado teniendo en cuenta sus principios y resultados empíricos, pero es materia de otra columna.
A pesar de lo anterior, es muy ingenuo pensar que ya nadie se atreve a promover ideas estatistas que han fracasado en el Perú y en otras partes del mundo. Pues bien, miremos la realidad. Desde 1990 hasta 2011 los gobernantes han ganado elecciones con consignas pegajosas y mitos contra la derecha o contra los neoliberales, como nos quieran llamar. Aquí van algunos: “honestidad, tecnología y trabajo”, “no-shock”; “más trabajo”, “pituquitos de miraflores”, “este modelo no da para más”, “renegociar las tarifas de servicios”, “congelar las tasas de interés”, “no a los services”, “incluir para crecer”. Es por buena fortuna que los gobernantes peruanos ejercieron el poder sensatamente la mayor de las veces, a pesar de su discurso emotivo y reivindicativo. Pero la suerte no dura para siempre. Miremos a Venezuela, que no está lejos.
No importa si los enemigos de la empresa hablan con la verdad, si los datos que presentan son ciertos o relevantes, si existe lógica en sus argumentos o si lo que proponen causa daño. Una discusión en términos racionales con los Anti es una pérdida de tiempo. Si les ganamos en un debate, la derrota será una victoria para ellos, pues la causa populista se convertirá en inmune a la lógica y a la realidad. En otras palabras, no es suficiente tener la razón. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta la enorme efectividad de su discurso emotivo y justiciero frente a los votantes.
A simple vista podemos observar algunas estrategias y tácticas de los anti empresa. Ejercen su influencia a través de cargos públicos y académicos. Ocupan el terreno moral elevado, nombrándose voceros exclusivos de los tópicos de mayor interés: lucha contra la corrupción, medio ambiente, apoyo a los más necesitados e igualdad material. A contrapelo, es poco efectiva la defensa de los empresarios mediante acartonados comunicados en el periódico o mediante la opinión de algunos periodistas. La ventaja de los Anti se traduce en asuntos concretos. La excesiva regulación peruana, que tanto impulsan, nos pone en el puesto 128 de 141 con respecto a cargas gubernamentales según el Reporte de Competitividad Global 2019.
Mientras el estado es un pésimo proveedor de bienestar social financiado con tributos, que ni siquiera ejecuta el dinero que se le entrega para ello, la empresa peruana está bajo ataque de los anti empresa. Hasta ahora la empresa es un blanco fácil del populismo, pero no está perdida. La ventaja de los Anti reside en el terreno fértil de la mala reputación y poca credibilidad de la empresa peruana ante los ciudadanos electores. Por ello es necesario mejorar dicha reputación y credibilidad, comunicando un mensaje positivo con verdad y con inteligencia. En vez de abogados o ingenieros, existen expertos a los que debemos buscar o, simplemente, hacer caso. En suma, empresarios, actuemos de manera profesional con nuestra reputación si queremos sobrevivir.
Fuente Foto: La Nación Argentina
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