¿Tengo derecho a estacionar en la vía pública?

Respecto a los reclamos suscitados a raíz de la reciente inauguración de los estacionamientos subterráneos en San Isidro y Miraflores, cuya apertura al público ha venido de la mano con la eliminación de estacionamientos públicos en superficie a fin de recuperar nuevas áreas de uso público en beneficio de peatones, ciclistas y vecinos, les comparto a continuación mi punto de vista.

Para entender la lógica municipal que subyace tras estas medidas es necesario comprender, en primer lugar, que la creación y recuperación del espacio público en las ciudades es una de las principales finalidades del urbanismo moderno.

El espacio público es un bien que exige ser administrado de la mejor manera posible, siempre procurando beneficiar al mayor número de personas o grupos de personas (vecinos, peatones, ciclistas, turistas, etcétera) en desmedro seguramente de otros grupos que pueden sentirse afectados con la iniciativa (conductores de vehículos).

Estas intervenciones urbanas son decididas apuestas que generan ciudad, ofreciendo calidad de vida al ciudadano al recuperar espacios públicos para el uso y disfrute de la mayoría de la colectividad (y no solo de una parte de ella), medida que además busca reivindicar al peatón en el escenario urbano del cual ha sido silenciosamente desplazado en los últimos años por la avasalladora presencia del automóvil.

Estas intervenciones no son distintas de las que desde hace muchos años se vienen realizando con éxito en otras ciudades del planeta, donde las autoridades a cargo del manejo de la ciudad comprendieron (mucho antes que nosotros) que las ciudades deben ser diseñadas y pensadas para las personas, concepción urbana que privilegia claramente los desplazamientos peatonales y en bicicleta antes que los desplazamientos motorizados.

Expresar malestar o rechazo por la eliminación de estacionamientos en superficie transluce una postura egoísta y hasta anacrónica, alimentada por usos y costumbres que responden a un antiguo modelo de ciudad, costumbres (no derechos) que quedan fulminadas bajo la actual concepción del uso de los espacios públicos en las metrópolis, donde claramente, tratándose de espacios siempre escasos en el suelo de las ciudades, debe privilegiarse su ocupación en función de la mayor población beneficiada y atender así al bien común.

Cuando el ciudadano puede hacer uso de un espacio barato (y a veces hasta gratuito) para estacionar su vehículo, abusa de él, no piensa que su uso (a veces casi exclusivo a lo largo del día) priva a otros ciudadanos de compartir ese mismo espacio, por lo que termina “adueñándose” de él a cambio de algunas monedas, fenómeno urbano inexistente en cualquier ciudad urbanísticamente desarrollada, donde garantizar el uso y disfrute de los espacios públicos es uno de los objetivos primordiales de las autoridades de la ciudad.

En muchas calles de Lima aún resulta irónico comprobar que los espacios públicos se encuentran diseñados para privilegiar el transporte vehicular privado antes que el transporte público, el desplazamiento peatonal o en bicicleta, concepción de ciudad de la que poco a poco debemos ir alejándonos si queremos construir ciudades más amables con el ciudadano y sostenibles para las generaciones futuras.

SinEDITOR no se hace responsable por la opinión de sus columnistas.

Ramon Chehade
Ramon Chehade
Abogado por la Universidad de Lima, especialista en Derecho Urbanístico. Fundador y Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Urbanístico y Socio del Estudio Chehade Abogados. Es experto en conducir diversos procesos de saneamiento físico legal así como en la gestión de procesos administrativo municipales. Es articulista en los principales medios de prensa escrita acerca de los temas de su especialidad. Ha sido reconocido por la firma Chambers & Partners como abogado líder en el sector inmobiliario. Es expositor en foros de urbanismo y ciudad.

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