El Covid y la nueva gobernanza de la Ciudad

Dentro de los múltiples cambios y transformaciones que nos ha traído (por no decir impuesto) el coronavirus, resultan ser más fácilmente perceptibles aquellos relacionados al distanciamiento social, medidas de higiene y protocolos de seguridad.

Sin embargo, en el ámbito urbanístico, existen otros cambios que demandan una pronta acción estatal para flexibilizar la zonificación de la Ciudad, incentivar los usos mixtos de suelo, ampliar nuestras veredas, crear más zonas de 30kms/hr, implementar nuevas ciclovías, pero fundamentalmente trabajar en la redefinición de una nueva gobernanza para la Ciudad.

La gobernanza de la ciudad ha llegado a extremos verdaderamente insostenibles. El nacimiento de la Autoridad Única de Transporte ha marcado el inicio de una nueva gestión para el ordenamiento del transporte urbano de Lima. Ahora corresponde seguir avanzando en esa misma línea y reformular la administración de la Ciudad, definiendo aquellas competencias que pasarán (o quedarán) en el nuevo ámbito metropolitano (zonificación, usos de suelo, grandes mercados, parques zonales, recolección de residuos, mantenimiento y mejora de vías principales, entre otras) de aquellas otras funciones de competencia más local que continuarán bajo el dominio de lo que conocíamos como distritos (barrido de calles, seguridad ciudadana, emisión de licencias de edificación, licencias de funcionamiento, fiscalización de locales comerciales, etc).

Así, la nueva forma de entender y administrar la Ciudad pone sobre la mesa la partida de defunción de las autonomías municipales distritales, a la espera únicamente que se le asigne fecha y firma para de una vez por todas voltear la página de largos años de involución y de cortocircuitos urbanos.

La ingobernabilidad de la Ciudad bajo el sistema vigente (50 distritos entre Lima y Callao intentando hacer lo mismo, duplicando funciones y carentes de una mirada urbana mayor) ha demostrado su absoluto fracaso. Es momento de dar paso a la creación de cuatro zonas de gobernanza (Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Lima Sur), dejando atrás las obsoletas cuatro Áreas de Tratamiento Normativo en las que urbanísticamente se encuentra dividida la ciudad y las que únicamente se definieron (por más absurdo que parezca), en función a sólo dos categorías: la densidad poblacional y la mayor o menor compatibilidad de usos del suelo, categorías de clasificación urbanística claramente insuficientes para normar la complejidad de una urbe con diez millones de habitantes.

La actual distritalización de la ciudad ha hecho su mayor esfuerzo en demostrar su completa inoperancia. Mantenerla atenta contra cualquier planeamiento urbanístico serio que pretenda realizarse. Sin una gobernanza unificada y centralizada es imposible ordenar y planificar una ciudad con los retos que presenta una metrópoli como Lima.

Ningún Plan Metropolitano podrá desarrollar sus alcances ni será exitoso mientras sigamos tratando a la Ciudad como un territorio fragmentado en 50 distritos. Qué sentido tiene, por ejemplo, seguir discutiendo asuntos relacionados a límites distritales cuando todos somos ciudadanos de una misma Ciudad conurbanada con el Callao donde esperamos mejoras sustanciales en casi las mismas demandas urbanas? Esas discusiones no resueltas no agregan valor a la administración y gestión de la Ciudad (será quizá por eso el poco interés en resolverlas…).

Así como un país no puede desarrollarse sin una Constitución Política que establezca el marco normativo general que regule la vida en sociedad en sus diversos ámbitos, tampoco es posible que una Ciudad funcione y se desarrolle sin contar con un Plan Urbano Metropolitano que ordene su crecimiento y establezca los lineamientos principales de ordenación territorial.

Las últimas décadas de distritalización y fragmentación de labores urbanas nos han demostrado hasta el cansancio la completa inviabilidad del actual sistema de gobernanza y las múltiples ineficiencias que el modelo actual genera. Basta pensar en la cantidad de tiempo y recursos invertidos por cada una de las 50 municipalidades para gestionar la adquisición de bienes y servicios similares (compra de gasolina para sus unidades, adquisición de uniformes para sus serenos, contratación de servicios de recojo de residuos, compra de útiles de escritorio, etc.) donde bajo el modelo vigente deben efectuarse 50 licitaciones independientes en cada municipalidad para procurarse los mismos insumos y servicios, y donde claramente no se aprovechan las ventajas de la economía de escala, sin considerar la cantidad de horas hombre invertidas en convocar, administrar, supervisar y concluir cada proceso de compra en cada uno de los municipios (y sin pensar en lo que debe ser para la Contraloría la fiscalización posterior de esos múltiples procesos …).

De otro lado, la informalidad se ha apoderado de la Ciudad y ha encontrado en su gobernanza fragmentada un aliado silencioso que atenta contra el necesario orden urbano que debe imperar en la ciudad. Hemos construido (sin proponérnoslo) un urbanismo fagocitario que la pandemia se ha encargado de enrostrarnos duramente y seguimos aceptando un modelo de gestión de Ciudad que no aporta a generar un desarrollo urbano sostenible. Es decir, seguimos regulados por 50 administraciones municipales desconectadas entre sí, cada una seguramente llena de buenas intenciones y deseos, pero con escaso presupuesto y muy poca capacidad de gestión, es decir un verdadero “cortocircuito urbanístico”.

Lima es hoy una ciudad polinuclear con al menos diez centralidades urbanas claramente definidas y consolidadas que no necesariamente coinciden con los límites distritales tradicionales. Una centralidad urbana se reconoce cuando un importante sector de la ciudad ha evolucionado de tal forma que ofrece un sólido desarrollo de viviendas, variada oferta comercial, servicios diversos, múltiples equipamientos urbanos, espacios públicos, buena accesibilidad y conectividad, etc. de forma que el habitante de esa zona puede resolver sus distintas necesidades (educación, salud, consumo, trabajo, vivienda, ocio, recreación, etc.) sin necesidad de trasladarse hacia otro sector de la Ciudad. Ese notorio desarrollo de diversos núcleos urbanos es una razón más para considerar la impostergable necesidad de evolucionar hacia la metropolización de la gestión y gobernanza de la Ciudad.

Naturalmente, este tipo de reformas demandan un Congreso inteligente, profesionalmente capacitado y proactivo en temas de Ciudad (características que lamentablemente no hemos tenido en los últimos años) donde se empiece a discutir las modificaciones legislativas necesarias para terminar con la contraproducente distritalización de una Ciudad ingobernable que reclama a gritos que se trabaje por una gobernanza centralizada, coherente, digital que comience a enderezar el desarrollo urbano de Lima.

Finalmente, si bien definir (o redefinir) las competencias urbanas locales y metropolitanas no será una cuestión sencilla, sabemos que tenemos que empezar a debatir sobre estos temas para construir la nueva gobernanza urbana de Lima con miras a su quinto centenario de fundación (2035). Quizá un aspecto donde exista mayor consenso ciudadano sea el hecho de mantener la existencia de 50 jurisdicciones distritales, 50 alcaldes, decenas de regidores y cientos de funcionarios municipales que trabajan desarticuladamente nos acerca cada vez más hacia un peligroso precipicio urbanístico donde, si no reaccionamos pronto, puede que no exista soga que nos logre rescatar del abismo al que día a día nos acercamos.

El proceso de extinción de los distritos (y especialmente de sus absurdas autonomías y competencias locales) tal cual las conocemos hoy en día no será probablemente una iniciativa que nazca de algún partido político, por lo que será necesario el involucramiento de la sociedad civil, de las instituciones no gubernamentales y los colegios profesionales a quienes nos toque liderar este impostergable proceso de cambio. Y al pensar en nuestra clase política actual, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, resulta inevitable recordar aquella célebre frase de Platón cuando hace dos mil años sentenció, como quien se anticipa ante una verdad irrefutbale, que “El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.

 

 

Ramon Chehade
Ramon Chehade
Abogado por la Universidad de Lima, especialista en Derecho Urbanístico. Fundador y Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Urbanístico y Socio del Estudio Chehade Abogados. Es experto en conducir diversos procesos de saneamiento físico legal así como en la gestión de procesos administrativo municipales. Es articulista en los principales medios de prensa escrita acerca de los temas de su especialidad. Ha sido reconocido por la firma Chambers & Partners como abogado líder en el sector inmobiliario. Es expositor en foros de urbanismo y ciudad.

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