Se avecinan las elecciones y ya se avizora un panorama de disputa entre al menos cinco modelos económicos: el modelo neoliberal renovado que encarna el exitoso empresario Rafael López Aliaga, el populismo socialista representado por la ex nacionalista Verónica Mendoza, el populismo mercantilista de Keiko Fujimori y Hernando Soto, el populismo autoritario de Daniel Urresti, y el modelo de economía social de mercado propugnado por la letra de la Constitución Política del Perú y que el candidato George Forsyth pretende convertir en realidad.
La cofradía mercantilista esta vez no vendrá disfrazada de liberalismo económico, sino que -en consonancia con épocas pandémicas- vendrá tapada con una mascarilla populista, a fin de evitar que se note cómo se piensa llevar el agua al molino de grupos de poder específicos. La candidatura de Hernando de Soto es un buen ejemplo de cómo, bajo la mascarilla de la entrega de títulos de propiedad, se piensa llevar agua al molino de grupos monopolistas y grupos mafiosos vinculados a la minería ilegal, la tala ilegal, etc.
Para empezar, su propuesta de entregar títulos de propiedad a invasores de tierras urbanas está diseñada para favorecer a traficantes de tierras, ensambladores de asentamientos humanos sin planeamiento urbano y acondicionamiento territorial previos, principal causa del caos del transporte y la movilidad urbana en todas las ciudades. La consecuencia ya la vivimos y es una expansión horizontal inorgánica de las ciudades, incluso en zonas de alto riesgo: laderas de ríos y cerros escarpados donde es costosísimo para el Estado proveer servicios básicos.
También está su propuesta de desregulación de la minería informal y permitir las invasiones de concesiones mineras inactivas por parte de mineros informales. Y para colmo, también propone que esos mineros paguen apenas 1,5% de sus ventas como único impuesto, en lugar del 4% actual, y que los delitos de minería ilegal sean excluidos como tales del Código Penal. O sea, más impunidad y beneficios para una minería que no cumple con mínimos estándares ambientales, con tal de que salga más oro ilegal e informal del Perú hacia Suiza, donde se refina el 70% del oro del mundo.
Por si fuera poco, De Soto también plantea dar títulos de propiedad individuales a los miembros de las comunidades nativas y ofrecerles que su tierra se cotice en las bolsas de valores internacionales (“como se cotiza el dólar”). Con ello busca deshacer el tejido institucional de esas comunidades, para que el minero ilegal o legal inescrupuloso pueda hacer de las suyas sin freno ambiental. La idea es que el concesionario minero compre esas tierras en asociación con transnacionales de la agroexportación. Ustedes tienen títulos imperfectos – le dice a los mineros financiadores de su campaña electoral- y de ser presidente yo se los voy a perfeccionar, para que desaparezca la resistencia de las comunidades nativas dueñas de la superficie respecto a posibles impactos ambientales.[1]
Este mercantilismo disfrazado de populismo no ha aprendido nada respecto a los malestares generados por 30 años de marginación económica y social en toda América Latina y, especialmente, en el Perú. Esa experiencia demuestra que instituciones (reglas de juego creadas por los países) distintas a la titulación de la propiedad de la tierra, son la clave para lograr el desarrollo. Así, está demostrado que en países que favorecen el enriquecimiento monopolizando los mercados, los países se atrasan, y en países que favorecen el enriquecimiento a través de la innovación, los países generan más bienestar.[2]
Hoy por hoy los principales economistas del mundo, incluyendo a los de una entidad tan ortodoxa como el FMI, están de acuerdo en que a mayor desigualdad en la distribución del ingreso menor desarrollo. El crecimiento económico que no acorta la desigualdad en algún momento se apaga y ahí es cuando la conflictividad social añade leña a la hoguera al entrampar la inversión.
El crecimiento económico por sí solo no garantiza que las personas que dejan de ser pobres dejen de vivir en condiciones de alta vulnerabilidad. Tampoco garantiza que las mayorías accedan a un empleo digno, ni tampoco que vuelvan a su estado de pobres ante un evento catastrófico, pandemia o amenaza externa o interna. El “chorreo” a partir de un crecimiento espurio en una economía históricamente fragmentada, genera expectativas incumplidas y frustración que se manifiestan en conflictos sociales. Porque en una economía altamente monopolizada los beneficios de ese crecimiento siguen concentrados en la cúspide de la pirámide económica y social.
No es que en sí mismo el crecimiento económico deje de ser importante. La cuestión está en definir qué es lo que debe crecer y cómo debe crecer, con qué impactos sociales, dentro del marco de una economía social de mercado, para que la distribución del ingreso sea más equitativa y el propio crecimiento económico ex post sea sostenible, estable y resiliente. Se necesita un estilo de crecimiento que concentre en la base de la pirámide económica y social la inversión pública y privada, con un enfoque espacial que permita reconvertir zonas de informalidad y criminalidad en zonas de gobernanza competitiva, que deriven en la valoración y empoderamiento de quienes viven en pobreza física y moral.
En Perú una familia pobre tarda más generaciones en prosperar que en Ecuador, Colombia, Panamá o Brasil. Uruguay y Costa Rica son los países con mayor movilidad social en América Latina.[3] Para cambiar esta situación se requiere aumentar la magnitud y calidad de la inversión pública en infraestructura y del gasto en educación y salud. Resulta que justamente estos tres rubros concentran gran parte de las pérdidas sociales por corrupción.[4]
Como se sabe, en el Perú la corrupción es un mal endémico[5] que históricamente ha significado una pérdida promedio anual equivalente a entre 30% y 40% del presupuesto público y entre 3% y 4% del PBI. El escándalo de corrupción Lava Jato nos ha enseñado cómo es que se tejen estas vinculaciones entre grupos empresariales y criminales con autoridades electas, a partir de acuerdos tramados desde la financiación de las campañas electorales de los partidos políticos.
No se crea que tras ese escándalo estas prácticas han culminado. Cada grupo monopolista o criminal designa a sus operadores que van al acecho de penetrar los partidos políticos con chance de ganar las elecciones, para tratar de cooptarlos y así luego poder cooptar las entidades públicas y “adueñarse” de sus políticas y así garantizar el mantenimiento del estatus quo. Los sobornos son solo una de las expresiones de este entramado de intereses, las que no salen de las utilidades de las empresas coimeras sino de los sobrecostos y sobredimensionamiento de compras y obras públicas. Cruda realidad política de un Perú promesa que en cada elección siempre se nos va. Ojalá esta vez no sea así.
REFERENCIAS
[1] En mi artículo “¿Cómo solucionar conflictos sociales sin abusar?”, Blog Estrategia para la Competitividad, planteo como alternativa la creación de un Fondo de Fideicomiso de Desarrollo Integral a través del cual se financie proyectos que den forma a clusters agroindustriales, forestales, turísticos y minero metalúrgicos en el área de influencia de cada concesión. Sería financiado con recursos del canon, regalías, derechos de superficie o servidumbre y cuotas de inversión de la concesionaria, bancos de desarrollo y otros inversionistas. Esto supone que las empresas concesionarias cambien su enfoque de “responsabilidad social” inspirada en una filantropía marginalista ajena a la maximización de utilidades, por un enfoque de creación de valor compartido, inspirado en un verdadero ponerse los zapatos de la comunidad y un entendimiento de sus aspiraciones y su cultura.
[2] Véase, James Robinson y Daron Acemogu: “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”. Libro que realiza una investigación histórica profunda de por qué algunos países han prosperado económicamente mientras que otros se han quedado en la pobreza.
[3] Índice de Movilidad Social Global, Foro Económico Mundial, presentado en Davos.
[4] Nelson Shack, Jeniffer Pérez y Luis Portugal, “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú”. Contraloría General de la República. Agosto 2020.
[5] Alfonso Quiroz (2013), “Historia de la corrupción en el Perú. IEP, serie Perú Problema 38.
