Gran polvareda ha levantado el proyecto de ley que plantea poner topes a las tasas de interés, sobre todo por provenir de un Congreso muy propenso al populismo y la improvisación. Sin embargo, es absurdo negarse a raja tabla a la posibilidad de revisar el actual régimen de tasas de interés, en un mundo en el que ya el 40% de las economías fijan límites máximos a las tasas de interés.
De hecho, un estudio del Banco Mundial afirma que el control de tasas de interés es una política bastante extendida entre países desarrollados y en desarrollo. Hasta Estados Unidos y el Reino Unido -paladines del capitalismo mundial- utilizan límites absolutos a las tasas que cobran las entidades financieras supervisadas, mientras que otros 32 países aplican límites relativos en el cálculo de sus tasas máximas; de ellos 26 usan tasas de referencia endógenas (calculadas en función a la media por modalidades de crédito).
Sin ir muy lejos, en Chile se aplica un régimen de límites de usura, que utiliza un tope relativo tomando como referencia una tasa de interés nominal endógena (determinada en el mercado de crédito). Además, en muchos otros países se aplica políticas explícitas para evitar una elevada concentración bancaria, prevenir las colusiones entre entidades financieras y abusos de posición dominante, que en banca son prácticas muy usuales y son muy difíciles de controlar.
Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha puesto el grito en el cielo. Arguye que todo intento de poner topes a las tasas de interés restringirá el crédito a los deudores con mayor nivel de riesgo y a los que aún no tienen un historial crediticio. “Habría menos créditos a las microempresas y microempresarios del país y esta iniciativa es contraria a la inclusión financiera”, ha dicho la superintendente, Socorro Heisen.
Si bien las tasas de interés promedio que cobran los bancos han cedido algo ante la inmensa liquidez que ha inyectado el Banco Central de Reserva (BCR) a raíz del Covid-19, más han bajado proporcionalmente las tasas corporativas y a las grandes empresas. Para las micro, pequeñas y medianas empresas y para las familias que toman crédito de consumo, éstas siguen siendo muy elevadas y distan mucho de las muy bajas tasas que paga la banca a los ahorristas.
De hecho, Perú es uno de los países con mayores márgenes bancarios (diferencial entre tasas pasivas y activas) a nivel mundial. Lo cual desalienta la inversión e inhibe especialmente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, por su baja productividad, sobre todo en un contexto de profunda recesión como la que vivimos.
Lo curioso es que la ley peruana aplica desde antaño una tasa máxima de interés compensatorio. O sea, ya fija un techo absoluto a las tasas de interés, pero que rige exclusivamente para las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero supervisado. Considera que es usura prestar dinero por encima de esa tasa máxima, que actualmente está alrededor de 44,5%.
En buena cuenta, en Perú prima la “ley del embudo” en cuanto a tasas de interés: topes para los ciudadanos de a pie y libertinaje para las entidades supervisadas, que gozan de la prerrogativa de cobrar tasas estratosféricas, dado el bajo nivel de competencia existente por ser nuestro sistema financiero uno de los más concentrados del mundo. En buen romance, los bancos tienen el monopolio de la usura y pueden llegar a cobrar tasas del 150% o 200% o más, principalmente en créditos de consumo; niveles que no sólo cubren los costos y los riesgos asumidos, sino que generan ganancias que en otros países son nítidamente de usura.
En Perú un solo banco concentra alrededor de un tercio del crédito y los depósitos del sistema bancario, mientras que los cuatro bancos más grandes concentran más del 80%. A mayor concentración bancaria, mayor es el riesgo de que se produzcan colusiones tácitas o explícitas entre bancos, lo que conlleva a que se cobre tasas de interés más altas por los créditos y a que se pague tasas de interés más bajas por los depósitos, respecto a un escenario de competencia.
Un banco muy grande implica un riesgo sistémico elevado que deriva de un riesgo moral, dado que su eventual quiebra puede desencadenar una crisis de todo el sistema. Este peligro le da mucho poder, más aún si la autoridad supervisora financia los sueldos de sus funcionarios con cuotas pagadas por las entidades que supervisa, fijadas en función al tamaño de cada entidad.
La asimetría de poder entre entidades del sistema financiero genera pues un incentivo perverso en los funcionarios de la entidad supervisora, quienes tienden a ser muy permisivos con las entidades grandes y mucho más duros con las entidades pequeñas, más aún si la Ley de Bancos les faculta a ellos mismos a interpretar la ley, sin obligación de justificar sus decisiones con criterios de razonabilidad, prerrogativa de la que ninguna otra entidad estatal goza; ni siquiera el Poder Judicial.
Ese poder asimétrico genera también un incentivo perverso en los accionistas de las entidades más grandes, a sabiendas de que la autoridad irá siempre a su rescate para evitar su quiebra, por temor al contagio a todo el sistema y por dependencia económica, lo que induce a mantener políticas menos prudenciales que las que aplicarían si no tuvieran ese tamaño aplastante.
Por tanto, para proteger a los ahorristas y reducir las tasas de interés, es importantísimo reducir drásticamente la concentración bancaria, para lo cual es imprescindible fomentar la competencia bancaria, permitiendo el ingreso de nuevos competidores al mercado, y el desarrollo de economías de escala entre entidades dedicadas a las microfinanzas.
De hecho, el Banco Mundial propugna la ampliación de los mecanismos de liquidez para prestamistas alternativos, que gozan de mayor flexibilidad que los bancos para servir a las pequeñas empresas y emprendedores, así como para facilitar la reestructuración de sus deudas en épocas de crisis. Incluso propugna que esos prestamistas alternativos tengan acceso privilegiado a programas tipo Reactiva Perú, para extender los mecanismos de garantías de préstamos, en términos y condiciones que promuevan un financiamiento sólido.
Sin embargo, aquí en Perú el BCR lo ha hecho al revés y ha excluido a las entidades alternativas, que no captan depósitos del público (tipo Edpymes) del acceso a los recursos de Reactiva Perú. Encima dichos recursos otorgados con garantía estatal han impulsado una drástica expansión del crédito a grandes empresas y corporaciones que mayormente no requerían de dichas garantías estatales para acceder a crédito de disponibilidad inmediata, por contar con garantías propias de sobra. En contraste, a la gran mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales, no les ha llegado esa ayuda y por esa razón es que durante la pandemia el Perú ha experimentado una pérdida de más de 3 millones de empleos (además de haberse roto la cadena de pagos), por tratarse de las empresas más intensivas en la generación de empleos. A pesar de ser las más vulnerables, se han quedado sin liquidez de emergencia, tras haberse visto forzadas a paralizar su producción debido al confinamiento y haber sucumbido sus ventas por efecto de la estrepitosa caída de la demanda.
Queda claro que para bajar las tasas de interés sosteniblemente, sin afectar la disponibilidad de crédito para los usuarios del sistema financiero, se debe hacer dos cosas en simultáneo: disminuir la concentración bancaria reduciendo las barreras de entrada de nuevos competidores, y poner límites de usura a las tasas de interés. En este sentido, me inclino a replicar el interesante esquema que viene aplicando Chile, con tope relativo que tome como referencia una tasa de interés nominal endógena.
A raíz del Covid-19, el BCR ha más que triplicado la liquidez del sistema financiero entre marzo y junio, llevándola a un equivalente de 6,5% del PBI, principalmente a través de operaciones repo de créditos con garantía estatal bajo el programa Reactiva Perú, junto a la reducción de su tasa de interés de referencia de 2,25% en marzo a 0,25% en abril (mínimo histórico que se mantiene hasta hoy) y la reducción del encaje en soles de 5% a 4% y del encaje en dólares de 50% a 9%. Por su parte, la SBS ha acompasada esa política flexibilizando sus exigencias de provisiones a las entidades del sistema, al permitirle reprogramar créditos sin que éstos sean considerados más riesgosos, a pesar de serlo ante el contexto Covid-19.
Pero ¿de qué sirve haber llenado de liquidez las alforjas de las grandes empresas, si la demanda por sus productos se ha venido al suelo al haberse dejado que sucumba el empleo, los ingresos y el consumo generado mayormente por quienes trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas formales e informales? Quienes ahí trabajan son los consumidores pertenecientes a los segmentos B-, C y D, que son los que sustentan la mayor parte del consumo, dada su mayor propensión al consumo respecto a los segmentos A y B+.
Insisto una vez más, aún estamos a tiempo de cambiar Reactiva Perú 2 por un verdadero programa de reactivación de la demanda y de salvataje de las empresas más vulnerables del Perú, que son las micro, pequeñas y medianas empresas formales e informales.
El flamante premier, Pedro Cateriano, tendrá que demostrar ante el Congreso que la economía del Perú, al fin, se manejará con brújula al menos en el último año que queda de gobierno.
